Una publicación de David Vélez, fundador del banco digital Nu, volvió a poner sobre la mesa un debate de años en el sistema financiero colombiano: qué hacer con la tasa de usura, el límite máximo que pueden cobrar las entidades por intereses remuneratorios o moratorios en los créditos. El empresario propuso eliminar este tope con el argumento de que así más personas que hoy están excluidas del sistema podrían acceder al crédito formal.
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Según Vélez, una medida creada para proteger a los consumidores de cobros excesivos puede terminar teniendo el efecto contrario. Explicó que prestar dinero implica un riesgo de impago y que, cuando una persona tiene poco historial crediticio, es más difícil para el banco calcular ese riesgo.
"Si la tasa máxima permitida no compensa ese riesgo, la entidad opta por no prestar, de modo que el consumidor no obtiene un crédito más barato, sino que se queda sin acceso al financiamiento formal. "Y sin alternativas formales, termina en el 'gota a gota', pagando muchísimo más y exponiéndose a amenazas y violencia", sostuvo.
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El planteamiento de Vélez parte de una pregunta central: si el límite a las tasas de interés está dejando por fuera del sistema financiero a personas que, ante la falta de crédito formal, terminan recurriendo al mercado informal. Los datos de Anif y Colombia Fintech muestran la dimensión de esa brecha: en 2025, más del 65% de los adultos en Colombia no tenía crédito formal, mientras que las tasas anuales promedio del "gota a gota" alcanzaban 382% para personas y 666% para mipymes.
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La discusión cobra relevancia al comparar esas tasas con el límite vigente. En septiembre de 2026, la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinarios es de 29,24% efectivo anual, calculada como 1,5 veces el interés bancario corriente, que este mes se ubica en 19,49%, según la Superintendencia Financiera. La propuesta de eliminar el tope plantea, precisamente, si permitir tasas más altas podría hacer viable para las entidades prestarles a clientes considerados de mayor riesgo, en lugar de que estos recurran a fuentes informales de financiamiento.
Un informe publicado por el equipo de investigación de Anif, muestra que el problema está concentrado en los segmentos de menores ingresos. El acceso al crédito formal alcanza al 36,6% de los adultos, o 51,6% si se incluyen entidades no financieras. Además, en los hogares que ganan menos de un salario mínimo, los bancos financian apenas el 21,7% de la deuda, mientras los prestamistas informales e ilegales representan el 17,7%.
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La diferencia frente a los hogares de mayores ingresos es significativa: entre quienes reciben más de cuatro salarios mínimos, los bancos financian el 64,1% de la deuda y el "gota a gota" apenas el 3,7%.
Para Vélez, eliminar el tope a las tasas no sería suficiente: la medida debería estar acompañada de mayor competencia, transparencia en los costos y protección frente a abusos.
En ese escenario, identificó tres herramientas tecnológicas que podrían ampliar el acceso al crédito en Colombia: Bre-B, que facilita la competencia de entidades digitales; el historial de pagos digitales, que permitiría evaluar a personas y negocios sin historial crediticio tradicional; y el Open Finance, que les daría a los usuarios la posibilidad de compartir sus datos financieros para acceder a mejores ofertas.
Vélez sostuvo que la tasa de usura no ha funcionado en ningún país del mundo y la comparó con otras políticas de control de precios. Como ejemplos, mencionó las regulaciones de alquiler en Nueva York y Buenos Aires, que, según dijo, terminaron generando simultáneamente personas sin apartamento y viviendas vacías, así como la fijación de precios de alimentos en Venezuela, que, en su opinión, provocó desabastecimiento en los supermercados.
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Para el empresario, aunque pueda parecer contraintuitivo, el libre mercado puede determinar de manera más eficiente el precio de un producto que un precio fijado por el Gobierno.
A diferencia de la eliminación total que plantea Vélez, Anif propone flexibilizar la forma en que se calcula la tasa de usura, pero mantener el límite.
Actualmente, el interés bancario corriente (IBC) de los créditos de consumo y ordinarios se calcula de manera conjunta, aunque atienden a clientes con perfiles de riesgo diferentes. Anif plantea separar ambas mediciones para que la tasa de los créditos de consumo refleje mejor el riesgo de esos clientes y las entidades tengan mayor margen para prestar a personas que hoy están por fuera del sistema formal.
Según sus cálculos, con una certificación independiente el IBC de consumo pasaría de 19,2% a 24,3% —con datos de junio de 2026—, lo que permitiría un crecimiento adicional de 5,3% real en la cartera de consumo, equivalente a $11,8 billones. En la cartera comercial, equiparar el techo al de consumo generaría un crecimiento adicional de 3,2%, unos $13 billones.
Anif también advierte que eliminar por completo la tasa de usura tendría un efecto adicional: al desaparecer este límite, también tendría que eliminarse su sanción penal, lo que dejaría sin esa protección a los consumidores frente a los cobros excesivos del crédito informal, incluido el "gota a gota".
Camilo Guzmán, director del centro de pensamiento Libertank, calificó la tasa de usura como un "control de precios bastante cruel". Según su argumento, el límite reduce la oferta de crédito legal para las personas consideradas de mayor riesgo y puede terminar empujándolas hacia el mercado informal.
Guzmán también sostuvo que esta situaciónfavorece la expansión del "gota a gota", incluso cuando está asociado a estructuras criminales. Por eso, consideró que eliminar el tope podría ampliar las opciones de financiamiento formal para los hogares de menores ingresos y reducir su dependencia del crédito informal.
A esta posición se sumó la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien anunció que radicará un proyecto de ley para ampliar el acceso al crédito formal.
"Las familias más humildes deben tener la posibilidad deacceder a la banca formal y dejar atrás el pago de intereses al 20% diario. Esta semana radicaremos un proyecto de ley para acabar con la principal barrera de acceso al crédito para las personas de escasos recursos", afirmó.
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Pero no todas los análisis respaldan flexibilizar o eliminar el tope de la tasa de usura en el país. El analista financiero Diego Palencia explicó que controlar las tasas de interés es necesario para evitar abusos y preservar la estabilidad del sistema financiero.
A su juicio, las crisis de Stanford, 2008, InterBolsa y Factor Group, además de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, reforzaron en Colombia una cultura de vigilancia y responsabilidad frente a los clientes.
Palencia destacó el papel de la Superintendencia Financiera, que certifica el interés bancario corriente, indicador que sirve de base para calcular la tasa de usura, equivalente a 1,5 veces ese interés. Según el analista, este esquema permite establecer parámetros de riesgo, solvencia y liquidez para las entidades financieras y hacer seguimiento periódico a su situación patrimonial.
Por eso, consideró que eliminar estos controles por razones económicas o comerciales sería un "error técnico". En su opinión, cualquier modificación debería ser analizada por la Superfinanciera y el Banco de la República, entidades que pueden evaluar los efectos jurídicos y económicos de un cambio en las reglas.
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Palencia también argumentó que el debate no debería centrarse únicamente en ampliar el acceso al crédito, sino en fortalecer la educación financiera y evitar el sobreendeudamiento. A su juicio, las fintech pueden impulsar nuevos sistemas de pago, ahorro y financiación que permitan conocer mejor a los clientes, pero sin fomentar el endeudamiento a tasas excesivas.
La discusión también llegó al caso brasileño, donde nació Nu y existe un régimen de tasas diferente al colombiano. Mauricio Tovar, cofundador de Tropikus, le recordó a Vélez que Brasil, donde la banca lleva décadas sin un límite general de tasas bajo la ley de usura, no necesariamente demuestra que la libertad para fijar intereses se traduzca en menores costos para los consumidores.
Según datos del Banco Central de Brasil citados por Tovar, la propia Nu cobra allí una tasa promedio de 180,5% anual en crédito con tarjeta a cuotas, ubicándose en el puesto 34 entre 61 entidades ordenadas de menor a mayor tasa.
https://x.com/maurotov/status/2101684779540197583?ref_src=twsrc%5Etfw
A partir de esos datos, Tovar planteó varias preguntas que quedan abiertas en el debate: qué explica que, tras décadas de libertad de tasas, 47 de los 61 bancos brasileños —incluido Nu— cobren tasas de tres dígitos; qué condiciones faltan para que la competencia realmente reduzca las tasas; cuántos clientes logran pagar préstamos con una tasa promedio del 180% anual; y qué aprendizajes de la experiencia brasileña sustentan eliminar el tope en Colombia, y si ese cambio debería aplicarse de inmediato o mediante una transición gradual.
Así las cosas, con el anuncio de un proyecto de ley en el Congreso y posiciones encontradas entre el sector fintech, los analistas financieros y voces del sector de créditos alternativos, el futuro de la tasa de usura en Colombia se perfila como uno de los debates económicos más relevantes de los próximos meses.
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