La industria siderúrgica enfrenta un fuerte aumento de sus costos, con el precio del gas natural como uno de los principales factores de presión sobre su competitividad. En el caso de Diaco, el valor que paga por este energético se duplicó y, en algunos momentos, ha llegado a triplicarse.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Mauro de Castro, director de Diaco, explicó que la compañía llegó a pagar alrededor de US$8 por millón de BTU (MBTU), incluido el transporte. Actualmente, sin embargo, el costo se ubica entre US$17 y US$18 por MBTU, dependiendo de las ofertas disponibles, y en algunos momentos ha alcanzado los US$21.
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Frente al nivel que tenía anteriormente, el precio actual representa un incremento de entre 112% y 125%, mientras que en los picos el aumento llegó a 162,5%. Para la compañía, este encarecimiento se suma a otros factores que presionan sus costos, como la competencia de acero importado.
Aunque el consumo de gas de Diaco es relativamente pequeño frente a la demanda nacional, su impacto sobre la operación es significativo. La empresa consume alrededor de dos megavatios al día de gas, un insumo que representa entre 20% y 25% de su estructura de costos.
Pero el problema para la siderúrgica no es únicamente el precio del gas. También enfrentaincertidumbre sobre la disponibilidad y el costo del combustible en el mediano y largo plazo.
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De Castro explicó que Diaco trabaja con una canasta de contratos y todavía conserva algunos acuerdos antiguos. Sin embargo, a medida que estos vencen, deben ser reemplazados por gas más costoso. Las ofertas disponibles actualmente no bajan de US$15 por MBTU y, según el directivo, no corresponden a contratos de mediano o largo plazo que garanticen estabilidad en precio y suministro.
Ante esta situación, la empresa ha tenido que recurrir a otros combustibles líquidos y GLP, aunque estas alternativas también implican costos elevados. Según el directivo, actualmente alrededor del 25% del suministro corresponde a gas nacional, mientras que el 75% restante proviene de estas alternativas, lo que incrementa la presión sobre los costos de operación.
De Castro señaló además que Diaco depende en buena medida de la planta regasificadora de la costa Caribe y planteó la necesidad de desarrollar nuevos proyectos que permitan mejorar la oferta de gas y dar mayor previsibilidad a los consumidores industriales.
Otro de los temas abordados fue la norma sismorresistente NSR-10, cuya revisión volvió a cobrar relevancia después del terremoto del 10 de agosto. De Castro aclaró que su propuesta no es necesariamente reemplazar la norma, sino mejorarla mediante un proceso de actualización y aprendizaje.
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A su juicio, Colombia cuenta con un reglamento técnico sólido, pero existen oportunidades para fortalecer los controles sobre los materiales que se comercializan en el país, especialmente los importados.
Entre los problemas que señaló están el contrabando, la certificación de materiales y la dificultad para establecer responsabilidades cuando determinados productos llegan del exterior.
El directivo planteó que Colombia debería tener mayor responsabilidad sobre la certificación de los materiales comercializados en su territorio y fortalecer los controles sobre quienes los importan y venden.
De Castro también contó que visitó algunas de las zonas afectadas por el terremoto y encontró edificaciones en las que, pese a daños en elementos como la mampostería, las estructuras permanecieron intactas.
En los casos en los que fue posible identificar al constructor y el origen de los materiales, señaló que algunas edificaciones resistieron el movimiento y requerían intervenciones relativamente menores para su recuperación. En contraste, las construcciones realizadas mediante autoconstrucción estuvieron entre las más afectadas que observó.
A partir de estas visitas, el directivo insistió en la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las normas de sismorresistencia, la calidad de los materiales y los procesos constructivos. En ese contexto, planteó revisar las reglas para el acero importado y establecer con mayor claridad quién responde por los materiales que ingresan al país.
De Castro manifestó que los productores nacionales identifican sus barras con su propia marca, lo que permite establecer quién fabricó el material utilizado en una estructura. En algunos productos importados, en cambio, puede ser más difícil determinar quién los introdujo al país y quién debe responder por su cumplimiento técnico.
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Por eso, propuso que la regulación defina con mayor claridad la responsabilidad de importadores y comercializadores, de manera que también garanticen el cumplimiento de los requisitos técnicos.
El directivo también afirmó que esta discusión debería ser impulsada por la Comisión Asesora Permanente de Construcción Sismo Resistente, como instancia para abrir el proceso de actualización de los requisitos con la participación de los diferentes actores del sector. También planteó como alternativa un proyecto de ley que establezca que la comercialización de varillas en Colombia debe cumplir con el reglamento técnico.
A esta discusión se suma la sobreoferta mundial de acero, especialmente la proveniente de China. De Castro señaló que ese país representa más del 50% de la producción mundial y que una parte importante de ese volumen se exporta a otros mercados, entre ellos América Latina.
Según el directivo,el ingreso de acero a bajos precios está presionando a las industrias locales de la región. Como referencia, afirmó que la participación de la industria en Colombia ha caído entre cuatro y cinco puntos porcentuales en los últimos 10 a 15 años, mientras que en Brasil la reducción habría sido de unos ocho puntos.
Para De Castro, la sustitución de producción nacional por productos importados no solo afecta a la industria, sino también al empleo formal y a las cadenas productivas asociadas al sector.
El directivo de Diaco también llevó la discusión a la seguridad del abastecimiento. Señaló que, ante una emergencia como un terremoto, Colombia podría necesitar grandes cantidades de acero para reconstruir viviendas e infraestructura, por lo que depender de proveedores externos podría convertirse en un riesgo.
"El acero más caro es el que no se tiene", afirmó, y agregó que Colombia tiene capacidad para producir y atender la demanda nacional de aceros largos, por lo que considera estratégico conservar esa capacidad productiva.
En ese sentido, destacó que Diaco trabaja con más de 15.000 familias de recicladores y genera alrededor de 26.000 viajes de transporte al año, como parte de la cadena que sostiene la producción nacional.
Frente al aumento de las importaciones de acero, De Castro planteó la necesidad de conformar equipos técnicos que analicen el comportamiento del mercado y evalúen posibles medidas de protección comercial.
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Según el directivo, cualquier decisión debe sustentarse en evidencia y considerar no solo los precios del acero, sino también sus efectos sobre la industria nacional, el empleo formal y las cadenas productivas.
De Castro señaló además que Estados Unidos y Europa han respondido con mayor rapidez que América Latina ante el incremento de las importaciones, un escenario que, a su juicio, requiere una respuesta técnica para evaluar las condiciones de competencia del mercado colombiano.
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